Los gastos, el exceso de empleados y la baja calidad de servicios han convertido a la obra social de los jubilados en un problema, más que en una solución, para los argentinos de tercera edad.
Unos seis millones de jubilados en la Argentina saben lo que es vivir con lo justo, apelando –los que pueden hacerlo– a la asistencia familiar para llegar a fin de mes, en el marco de una inflación que devora sus magros ingresos.
De ellos, unos cuatro millones y medio requieren las prestaciones del Pami, organismo creado en 1971 como Programa de Asistencia Médica Integral y que unas largas cuatro décadas más tarde sigue siendo el foco de manejos nada transparentes y dispendio de fondos públicos.
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