Camaristas ratificaron que el Estado incurrió en omisión al no brindar la seguridad necesaria sobre las personas que están bajo su custodia al estar privadas de libertad.
La Provincia deberá indemnizar con 50.000 pesos más intereses, en concepto de daño moral, a los padres de un recluso que el 12 de julio de 1996 fue apuñalado en un establecimiento del Sistema Penitenciario de Córdoba (SPC) y ocho días después murió.
Así lo ratificó la Cámara 9ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial por entender que el Estado provincial no cumplió con el deber de seguridad y guarda, respecto de las personas privadas de libertad.
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